Por Guillermo Cifuentes
“La acción de los movimientos sociales no está dirigida fundamentalmente frente al Estado y no puede ser identificada con una acción política por la conquista del poder”, Alain Touraine
Escribir en medio de este contexto bullicioso, lleno de exploradores buscando caminos que conduzcan al fin de la impunidad tiene mucho de reconfortante y hasta de hermoso, por la fuerza de las ideas, por la movilización que despierta y por las posibilidades de cambio político que conlleva. La discusión sobre la política, los partidos y los movimientos sociales traída por los verdes llegó para quedarse aunque todavía no se ha iniciado en el mundo académico y parte del mundo político insiste en ignorarla de la manera más torpe, como puede apreciarse en afirmaciones del talante de “respetamos la autonomía de los movimientos sociales”.
La discusión acerca de si la República Dominicana, está pasando por una crisis o si solo tenemos problemas no contribuye ni a fijar posiciones ni a construir soluciones. Uno escucha ese tipo de afirmaciones y no puede evitar preguntarse si alguien conoce cuántos y qué tipo de problemas debe tener un país para estar en crisis.
Las tres marchas verdes son evidentes señales de ‘anormalidad’ aunque les resulte difícil de comprender a los viudos de Joao que están produciendo malo y poco queriendo dar señales de una normalidad inexistente.
El análisis tiene necesariamente que partir de que la situación actual viene precedida de muchas experiencias fallidas. Buena parte del fracaso de intentos pasados se debió a la hegemonía ejercida por algunos grupos de presión que en esta coyuntura o no están o no ejercen la vocería desmovilizadora de siempre. Por ejemplo FINJUS -la de la institucionalidad- desde que la crisis estalló con fuerza abandonó la “concertación” y se instaló en una Comisión que igual que los fiscales independientes no está en la normativa legal (aunque para ser honrados no se puede desconocer el hecho de que las comisiones sí forman parte de una institucionalidad: la de Balaguer). El cabildeo en tiempos verdes resucitó en la aparición de “expertos y académicos” en una gráfica exquisita escoltando al Dr. Almeyda a la JCE.
Todo proceso de democratización “apunta precisamente al proceso de generación de un régimen democrático, entendido como el régimen basado en los principios e instituciones que consagran la soberanía popular, la elección de los gobernantes y autoridades efectivos por voto universal, la vigencia de derechos humanos y libertades públicas, la separación de poderes, el pluralismo político y la alternancia en el poder” (Manuel Antonio Garretón). Pero en la República Dominicana hay un factor decisivo que no permite que este proceso concluya exitosamente: la impunidad, establecida desde las más tempranas acciones políticas luego del asesinato de Trujillo, desde la denominación de “borrón y cuenta nueva”, “los presidentes no se tocan”, “qué primero, si persecución o gobernar, y el presidente de la República ha escogido el camino de la gobernabilidad”, “no tirar piedras hacia atrás”, hasta las aparentes dificultades de los tribunales de justicia para investigar y sancionar.
Estamos entonces ante una situación que de novedosa tiene bastante poco. Es propio de las transiciones, un movimiento social levantando como conflicto, un problema que es finalmente político, campo en que el movimiento no debe ni puede intervenir, aunque le resulta obligatorio influir, pues es parte de su supervivencia.
Amigos, la cuestión es mucho más sencilla que andar buscando “relaciones estructurales coordinadas, horizontales y sistemáticas”. El problema o el tema en la República Dominicana de hoy, visto el funcionamiento de las instituciones, es que se requieren profundas reformas políticas pero éstas no serán posibles sin una amplia movilización social.
Si hace unos días discutíamos lo equivocado que resulta temer la ‘manipulación’ del movimiento verde por parte de los partidos, a la fecha es hora de corregir a algún ‘activista’ que culpa a los partidos de no haber iniciado la movilización por el fin de la impunidad. Eso, con todo cariño, además de equivocado es peligroso.
El problema que tienen algunos es no comprender que los partidos políticos que apoyan el fin de la impunidad son muy débiles y que los viejos partidos del sistema no tienen ningún interés en el “proceso de democratización”. Esa diferencia no pueden seguir ignorándola. Si leemos lo que afirmo en clave Oderbrecht se hace necesario sumar para la causa a las organizaciones políticas cuyos militantes no van a estar en la lista en el próximo julio y trabajar con ellas, coordinarse con ellas, reconocerlas.
Lo otro que no puede quedar fuera de un análisis verdaderamente objetivo, como se acostumbra a exigir, y que comience a incorporar como demanda de toda reflexión el “fin de la impunidad política” de manera que los actos políticos tengan consecuencias, es la poca ayuda que brindan al propósito de conseguir el fin de la impunidad los partidos que pretenden radicalizar la movilización social. El intento, además de ser ineficaz carece de sinceridad pues no se puede ser radical en el movimiento social y aliado político del reformismo para las elecciones.
La situación actual y la búsqueda de caminos es un momento grande, histórico, que sin ninguna duda va a tener resultados positivos y que necesita de la movilización social y de la movilización política para que pueda traducirse en cambio político.
